Proceso "constituyente" y lucha de clases

Algunos días después del plebiscito del 25 de octubre empezó a circular en redes sociales, tímidamente primero pero hasta el hastío después, un gráfico que mostraba a las comunas de la Región Metropolitana pintadas de distintos colores en función al porcentaje de votos obtenidos por las opciones “Apruebo” o “Rechazo” (véase el Gráfico 1).

El gráfico usa un recurso de visualización de datos conocido con el nombre de “mapa de escalas secuenciales o divergentes” (según el caso) o “mapa choropleth”.

En estos mapas se representa intensidad o frecuencia de valores a través de contrastes cromáticos: se asignan colores o tonalidades de una gradiente a las distintas zonas geográficas según la variación de un indicador; mientras mayor sea su valor en una zona dada, más oscuro es el color o la tonalidad de la gradiente que la representa. Si el interés es representar valores extremos opuestos, como en el caso del Gráfico 1, se usan tres tonalidades: una distinta para cada extremo y otra neutral para los valores medios. En este enlace se puede ver una explicación muy simple de cómo funciona este recurso.

No es clara la intención de quien creó el mapa, que no muestra nada significativo o que requiera específicamente ese recurso visual; o nada, al menos, que no hubiera podido mostrarse con mejor y mayor información a través de otros medios gráficos. Es probable que sólo quisiera hacer una demostración de habilidades en representación visual de datos, para lo que tampoco, sin embargo, es de mucha utilidad el mapa choropleth, pues, a estas alturas, cualquier herramienta gratuita de análisis estadístico o cartográfico avanzado permite hacerlo de forma muy fácil.

Un gráfico tan insulso y desabrido habría pasado desapercibido, sin pena ni gloria, si no fuera por la interpretación con la que se lo acompañó en redes sociales: como en las tres comunas más privilegiadas de Santiago ganó el rechazo y en el resto “arrasó” (sic) el apruebo, entonces es innegable que en Chile hay “lucha de clases” (sic). Así como se lee: al ver un gráfico bastante básico, a alguien se le ocurrió la brillante tesis, que fue presentada con mucha solemnidad como un “gran hallazgo”, de que algo así como “la lucha de clases” existe y se ha hecho visible en Chile con y gracias al plebiscito del 25 de octubre; la lucha de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea en contra de todo el resto del país, la pobre minoría arrinconada por la mayoría.

La interpretación, por supuesto, lejos de poner en evidencia la lucha de clases (que no necesita ser puesta en evidencia), desenmascara otra cosa, algo que podría considerarse como una ley de las comunicaciones en redes sociales que se cumple rigurosamente en esta angosta y larga faja de pensadores/as de twitter: materiales gráficos básicos terminan llamando, atrayendo interpretaciones también básicas y burdas.

Los errores en la “interpretación” del gráfico son graves y de toda índole. El más visible es el error teórico-conceptual: confunde “ingresos” con “clases sociales”. Pero los errores más extremos son metodológicos. Para empezar, la participación en el plebiscito alcanzó sólo a la mitad del padrón electoral (50,9%), y la votación en la Región Metropolitana, la única considerada en el gráfico, equivale a 43,8% de esa mitad, un 22,3% del padrón total. Es decir, alguien tuvo el tupé de inferir falaciosamente para todo Chile algo a partir del comportamiento de un poquito más de un quinto de su universo. Es como pretender haber descrito el comportamiento climático de todo el planeta a partir de los registros de temperatura de Siberia, y sólo de Siberia. Ni siquiera hay distribución geográfica de los casos como para aplicar principio de Pareto. La interpretación simplemente amerita reprobar hasta el más introductorio de los cursos de metodología de la investigación. Véase en el Gráfico 2 lo que supone reducir (o, en estricto rigor, deformar vía reducción) cualquier diagnóstico sobre Chile al comportamiento electoral de la Región Metropolitana.

El error metodológico más grave de la interpretación, sin embargo, no es la falacia de la inducción que comete. Es la falta de validez de constructo producida por ella. Básicamente, por efecto de cercenar el universo y tomar sólo el 22,3% para un diagnóstico del universo total, se le están haciendo las preguntas equivocadas a los datos. La mitad del padrón electoral, al no votar, realizó un comportamiento político condicionado, sobredeterminado por las contradicciones de clase que, sin embargo, queda completamente invisibilizado por la deformación vía reducción a partir de la participación en la Región Metropolitana. Carece de validez cualquier conclusión que no tome en consideración el 77% de Chile no contemplado en ese “análisis”. Es como pretender diagnosticar Alzhaimer sacando radiografías a la rodilla. Así de absurdo, así de deshonesto, así de deformador de la realidad.

¿Qué pasa si analizamos el comportamiento del universo completo de las personas habilitadas para votar en Chile en lugar de sacar conclusiones falaces a partir de la minúscula fracción de quienes se acercaron a una urna en la Región Metropolitana? Simple: aparecen realmente y en todo su esplendor las contradicciones reales de clase que gobiernan al así llamado “proceso constituyente”. Obviando por el momento el problema teórico de la diferencia entre “ingresos” y “clases”, obsérvese en el Gráfico 3 cómo se distribuyen las comunas de Chile en función a la participación electoral en el plebiscito del 25 de octubre y al promedio comunal del ingreso total de los hogares de acuerdo a la CASEN 2017¹.

Como puede apreciarse en el gráfico, hay una evidente “afinidad electiva” entre participación electoral e ingresos del hogar: gran parte de las comunas con mayor participación son también las comunas con mayores ingresos, y el grueso de las comunas con menor participación son también las de menores ingresos del país. La regresión local (la línea azul acompañada de sombreado gris, que representa la desviación estándar para cada punto de la línea) confirma esto: debajo del promedio de ingresos de todas las comunas incluidas, cada peso adicional de ingresos se traduce en un aumento de varios puntos porcentuales de participación. Encima del promedio, el efecto del aumento de ingresos es menor; al acercarse a los ingresos de Ñuñoa, es casi imperceptible, pero siempre ascendente.

Para que se vea el fenómeno con mayor claridad, el gráfico fue dividido en cuatro zonas o cuadrantes en función a dos criterios: participación electoral nacional (50,9%) y promedio comunal de ingresos totales del hogar. El cruce de ambas líneas genera los cuadrantes. Sólo para facilitar la explicación se hablará de ingresos altos y bajos y de participación baja o alta para referir a cada cuadrante pese a que en Chile casi todas las comunas tienen ingresos bajos y casi todas registran baja o muy baja participación electoral.

Pues bien, del total de comunas para los que existen datos (la CASEN registra ingresos para 324 de las 346 comunas del país), un 77% de ellas (250) se encuentran o en el cuadrante 2 (altos ingresos y alta participación) o en el cuadrante 4 (bajos ingresos y baja participación). En consecuencia, si consideramos a todas las comunas de Chile para las que existen datos y a todo el universo de personas habilitadas para votar, se puede ver con toda claridad la contradicción de clase sobre la que se desarrolla el así llamado “proceso constituyente”. Y no es la contradicción entre quienes votaron “apruebo” o “rechazo”. La contradicción de clase que determina y condiciona al proceso opone al/a habitante prototípico de las comunas que votaron y se hicieron parte de él, de un lado, y al/a habitante de las comunas a las que el proceso simplemente no convoca, del otro. En el primer grupo se encuentran las comunas de mayores ingresos familiares y en el segundo grupo las de menores ingresos. El “proceso constituyente”, por tanto, es, en efecto, una manifestación de la lucha de clases. Sin entrar en mayores detalles y precisiones teóricas todavía, se trata de un proceso sociopolítico de las “clases de ingresos medios y altos”, sin las “clases de ingresos bajos”. Escarbando un poco más los datos se podría apreciar que esta contradicción tiene una dimensión territorial y otra demográfica, pero es esencialmente una contradicción de clase.

Hasta acá los datos puros y duros. Lo que queda pendiente es la interpretación de su significado. Acá algunas claves fundamentales para iniciarla:

1. El que se conoció como “estallido social” del 18 de octubre de 2019 tuvo algunos epicentros territoriales de alto valor simbólico. El más icónico definitivamente fue Plaza Dignidad. Sin embargo, y más allá de lo que crea el/la engrupido/a desconocedor/a de Chile que juró estar haciendo historia por ir para allá a saltar y cantar un rato una vez a la semana, el verdadero “estallido social” tuvo lugar en las zonas marginales del país. Fue en poblaciones y zonas urbanas periféricas donde las dinámicas de acumulación de capital fueron afectadas directamente con saqueos, cortes de vías o suspensión del servicio del metro; o donde el Estado neoliberal fue abiertamente impugnado por la lucha diaria y frontal contra fuerzas armadas y policiales. De las 34 muertes registradas oficialmente como producto o en el marco del “estallido social”, sólo tres tuvieron lugar en el lugar de mayor convocatoria masiva, Plaza Dignidad. Las restantes (incluidas las de la comuna de Santiago, una en el Líder que se se encuentra en el límite con la comuna de Quinta Normal y la otra en el barrio Franklin) ocurrieron en zonas o comunas más bien populares: 5 en Renca, 4 en Maipú, 2 en San Bernardo, 2 en La Pintana… y así sucesivamente. En definitiva, fueron los sectores populares quienes durante 5 meses se jugaron la vida día a día contra el aparato represivo del neoliberalismo pinochetista-concertacionista. Sin ellos, eso que llamamos “estallido social” no habría pasado de un festival cultural cada “viernes constituyente” en Plaza Dignidad. O, en Plaza Ñuñoa, no habría pasado de algunas noches de bailes rituales en torno a fogatas callejeras y al ritmo de un “Que no nos roben los Daewoo”. Pero claro, a los canales de televisión el presupuesto les alcanzó para cubrir sólo los eventos en los puntos icónicos. Nada de mandar a sus noteros/as a ensuciarse los zapatos con la tierra de la pobla en las largas noches de saqueos, de enfrentamientos con la repre, de jugarse el pellejo popular.
   
   

2. Pese a que el “estallido social” fue eso, un estallido “social”, gracias y como consecuencia de la lucha popular, la firma del acuerdo del 15 de noviembre que formaliza el inicio del así llamado “proceso constituyente” no lleva ni la más mínima firma de un/a vocero, representante o integrante del mundo popular. Nadie de organizaciones de trabajadores/as, nadie de agrupaciones de pobladores/as, nadie mandatado por alguna organización o asamblea territorial. En ese acuerdo estuvo representado hasta Monsanto, pero los sectores populares… Ni hablar.
   
   Este hecho, por supuesto, tiene explicaciones evidentes. La primera y más obvia: en Chile los/as trabajadores/as y los/as pobladores/as no cuentan con instrumentos políticos. Pero también se encuentra el hecho no menor de que algo inorgánico, sin conducción ni proyecto es virtualmente irrepresentable.
   
   Cualquiera fuera el caso, el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 tiene un total de 0 firmas en representación de las clases populares, que fueron las que se jugaron la vida en las calles para hacerlo posible. El 100% de las firmas provienen de las organizaciones políticas de las distintas facciones de la burguesía y la pequeña burguesía, todas clases y facciones con intereses bien cuidados y beneficiados por el neoliberalismo del pinochetismo-concertacionismo. Esto, en la práctica, convierte a lo que se ha llamado “proceso constituyente” en un “proceso restituyente”; o, si se prefiere, en un “proceso restaurador”: el objetivo del acuerdo no fue dar inicio a un “nuevo pacto social”, sino evitar el desbordamiento de “la institucionalidad”, el quiebre del orden pinochetista-concertacionista. La clara intención de minimizar cualquier alteración del Estado y el régimen de acumulación neoliberal, la “regressio al orden”, es más que evidente en los términos del acuerdo (en particular, el sistema electoral pactado) y en la Ley 21200, en particular el artículo 135. La maniobra del 15 de noviembre de 2019 no sólo fue realizada sin las clases populares; fue realizada contra las clases populares, contra su levantamiento, contra su proceso de convertirse en sujeto.
   
   Este y no otro es el sustrato de clase del “proceso constituyente/restituyente/restaurador”: el acuerdo del 15 de noviembre y la ley 21200 sienta la base de un nuevo pacto social entre las distintas facciones de la burguesía y las pequeñas burguesías, clásicas y nuevas. Es un pacto sin, en contra y pretendiendo anular y derrotar a la lucha popular. Y, por supuesto, cualquiera sea el engendro que nazca de ahí sólo puede ser el vástago de este amorío. Será la constitución, el Estado, el ciclo del romance entre la burguesía y las pequeñasburguesías, unidas para cuidar su casita del peligro que representa ese envidioso, resentido y alienígena sujeto popular que el 18 de octubre quiso destruírselas.
   
   

3. Los datos de la participación en los eventos electorales del proceso restituyente/restaurador sólo confirman esta contradicción. Como se trata de una maniobra de clase -un pacto ritual entre las distintas facciones de la burguesía y de las pequeñas burguesías, clásicas y nuevas- para salvar lo más posible del orden del pinochetismo-concertacionismo, los sectores populares, los/as habitantes de las comunas de menores ingresos, no son convocados o interpelados. Este no es su proceso. Nace no sólo de su exclusión y marginación, sino también del claro objetivo táctico de terminar con su levantamiento.

La pregunta que queda por responder es: ¿cuán viable, estable y operativo será un pacto restaurador nacido de la negación, marginación y anulación del sujeto responsable de haberlo hecho posible? ¿Cuánto tiempo podrá esconder su evidente falta de legitimidad?